Aneval, la asociación que agrupa a la mitad del mercado del rent a car en España, respalda el acuerdo suscrito por los Gobiernos central y balear para dejar en suspenso la prohibición a la circulación de vehículos nuevos diésel a partir de enero de 2025 y de los vehículos nuevos con emisiones de CO2 a partir de 2035. Esta normativa marcaba para el año próximo el objetivo de que el 2% de las compras de vehículos de los alquiladores para Baleares fueran eléctricos.

No obstante, la asociación insta al Gobierno central a que, en su compromiso con el Gobierno balear de introducir una especificidad insular en materia de emisiones, tenga en cuenta las particularidades asociadas a la operativa del rent a car. Según Aneval, la Ley balear de Cambio Climático presenta “indefiniciones” de carácter temporal y territorial que imposibilitan llevar el texto legal a la práctica, al obviar que las decisiones de compras no son geográficas y que el carácter móvil de las flotas entre territorios complica cuantificar qué compras van destinadas a operar en cada zona.

Este dinamismo es, según la entidad, el que hacía difícil cumplir con el objetivo de que un 0,6% de flota estuviera electrificada en 2020, pues supondría un “ir y venir” de coches entre territorios insulares y peninsulares para responder al nivel exigido. Más aún cuando obligaba al envío vía email de cada actualización de la flota, la cual se produce varias veces al día, en lugar de automatizar los procesos.

Además, la norma no especificaba en qué periodo temporal debería contabilizarse ese porcentaje objetivo de flota eléctrica, si debía ser en la media de todo el año o teniendo en cuenta el valor al final de cada mes, por citar dos supuestos, y cómo deberían justificarlo los operadores.