La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) han expresado su “apoyo unánime” a la denuncia presentada por ANFAC ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno de las Islas Baleares.

CEOE, Cepyme y CAEB, que defienden “la armonización de las políticas autonómicas de transición al vehículo eléctrico con la nacional y la europea”, afirman que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del ejecutivo balear “afecta gravemente el normal funcionamiento del mercado interior y supone un claro incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”.

La norma balear, que se encuentra en avanzada fase de tramitación, contempla la prohibición de que puedan circular por las Islas, a partir de 2025, vehículos diésel (coches y motos), pese a ser legal en el resto de España y de la Unión Europea.

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El texto incluye, además, la prohibición, a partir de 2035, de la circulación de coches, motos, furgones y furgonetas propulsadas por combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural y cualquier hibridación con motores tradicionales). Sin embargo, la ley sí que permitirá circular los vehículos ya radicados en Baleares, con independencia de su antigüedad y de sus emisiones.

Junto a estas organizaciones empresariales, también muestran su apoyo a las denuncias de ANFAC la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), así como la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Balears (Aseda) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (Baleval), integradas en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), que tachan la norma balear de “contraria a la política europea”, así como de “regresiva y discriminatoria”.