Extremadura contará a partir de 2014 con veinte estaciones fijas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), la mitad gestionadas por firmas privadas durante dos décadas. De esta forma, copia el modelo liberalizador que impera en buena parte de las otras comunidades autonómicas.

La Consejería de Fomento decidió que no solo las ocho ITV de nueva construcción sean gestionadas por la iniciativa privada, sino que se desprende de las de Almendralejo y Olivenza, ambas inauguradas en mayo de 2009, para que también pasen a las concesionarias del nuevo servicio.

Señalar que de las ocho nuevas ITV, cinco corresponden a la provincia pacense (Don Benito, Jerez de los Caballeros, Azuaga, Castuera y Herrera del Duque) y tres a la cacereña (Jaraíz de la Vera, Valencia de Alcántara y Logrosán).

En palabras del consejero de Fomento, Víctor del Moral, el objetivo es completar la red de estaciones de ITV en la comunidad sin que se vea afectada la Administración por el volumen de inversión necesaria para realizarla, que podría ser superior a los diez millones de euros.

Los ciudadanos, resaltó, van a poder elegir entre ITV públicas y las privadas. "En Extremadura va a pervivir un doble modelo prácticamente inexistente en el resto de regiones". Seguidamente, respecto a los precios que tendrá cada una y la posibilidad de que sean más altos en las de gestión privada, no quiso pronunciarse.

El pliego de condiciones será publicado próximamente en el Diario Oficial de Extremadura, pero según avanza el consejero, la construcción de las ocho nuevas estaciones se licitará en dos lotes para que su explotación y gestión resulte más rentable y atractiva a las empresas.

El primero de ellos incluirá los centros de Jaraíz, Valencia de Alcántara, Jerez y Azuaga, más la gestión de la estación de Olivenza. El segundo, los de Don Benito, Castuera, Logrosán y Herrera del Duque, más la de Almendralejo.

Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura manifestó su "rotundo rechazo" a la licitación de ocho nuevas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la región, lo que considera un "nuevo capítulo de recortes a las administraciones públicas en beneficio de los intereses económicos privados".

"La gestión de lo público quedará más subsidiada a la iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos", apuntó el sindicato, antes de recordar que Extremadura optó por el modelo de gestión pública de este servicio, "garantizando la prestación de un servicio homogéneo en todo el territorio".

La organización sindical no comparte los argumentos de Del Moral para justificar la existencia de este doble modelo. "Trasladar la gestión de lo público a la iniciativa privada no genera empleo estable, sólo sustituye empleo público que supone calidad en el servicio y  garantiza las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras por beneficio empresarial y empleo precario", sentencia.

CCOO considera que incorporar a esta licitación las dos ITV gestionadas en la actualidad por GPEX, en Olivenza y Almendralejo, supone "además de más pérdida de empleo en el sector público, una posición política clara de este gobierno de rechazo absoluto a cualquier instrumentos de gestión pública".

Del mismo modo, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Angel Gallardo, mostró también su malestar por la decisión del gobierno regional. Recalca que en el caso de Villanueva la decisión afecta enormemente, pues la nueva ITV de Don Benito se ubicará a únicamente cinco kilómetros.

Esta decisión, subraya el alcalde, afectará de forma grave a la economía local y acabará con un servicio público, puesto que el siguiente paso será privatizar todas.