De izquierda a derecha: Raúl Palacios, presidente de Ganvam; el eurodiputado José Ramón Bauzá; y Jaime Barea, director Corporativo de Ganvam.

Como ya anunciara hace unos días, Ganvam, en representación de 42.000 pymes y 35.000 autónomos dedicados a la actividad de la venta y reparación, ha viajado a Bruselas para alertar del riego de desaparición al que se exponen más de 20.000 empresas del sector como consecuencia de la “gestión ineficaz” de los fondos Next Generation EU por porte del Gobierno de España.

En una reunión mantenida el 22 de junio en sede europarlamentaria con el portavoz de la Comisión de Transportes y Turismo del grupo liberal europeo Renew Europe, José Ramón Bauzá, el presidente de Ganvam, Raúl Palacios, ha indicado que “la estrategia desarrollada en España hasta la fecha favorece a las grandes multinacionales cuya sede, en muchas ocasiones, ni siquiera está en suelo español, mientras se excluye a las pymes que crean empleo en España, pagan impuestos en España y, por su capilaridad, generan riqueza en todo el territorio, incluida la España rural, garantizando el efecto arrastre que se exige a la adjudicación de estos fondos”.

Por su parte, el eurodiputado José Ramón Bauzá ha interpelado a la Comisión Europea a través de una pregunta parlamentaria para el ejecutivo comunitario evalúe los criterios del PERTE y se pronuncie acerca de la exclusión de las empresas dedicadas a la venta y la posventa de automoción de las ayudas concedidas por el Gobierno. “Es inconcebible que el Gobierno y el Ministerio de Industria no quieran escuchar las demandas de una parte fundamental de la cadena de valor de la industria de la automoción y queden excluidos del reparto de los fondos europeos sin ningún criterio objetivo. Ante este agravio, solicitamos a la Comisión Europea que vuelva a evaluar el régimen de ayudas y se pronuncie”, ha señalado Bauzá.

En este sentido, Ganvam aclaró que al excluir de manera expresa de las bases reguladoras de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) a las “actividades de intermediación o las que tengan como destino el consumidor final” se está “dejando morir a pymes que carecen del músculo financiero para adaptarse al nuevo modelo de negocio derivado de la digitalización, mientras se favorece a grandes corporaciones que, a juzgar por sus cuentas de resultados, no necesitan ayuda económica”. Según datos aportados por la asociación, los fabricantes de coches lograron un beneficio récord de más de 34.000 millones de euros (+19%) en el primer trimestre pese a la crisis de los chips.

Si bien los PERTE exigen que el 30% de sus fondos recaiga en pymes, las bases utilizan la subcontratación de servicios de las grandes corporaciones como vía de acceso a las ayudas, lo que para Ganvam “supone la asfixia de todas aquellas pequeñas empresas que no tienen negocio con multinacionales, poniendo de manifiesto que España no lleva a cabo una política transformadora integral, dado que se realiza un reparto discriminatorio de los fondos”.

Políticas de descarbonización "clasistas"

Durante el encuentro, el presidente de Ganvam aprovechó también para señalar la necesidad de reenfocar las políticas españolas en materia de descarbonización, "al no ser capaces de detener el envejecimiento del parque y, pese a liderarlas un Gobierno progresista, excluir de su modelo de movilidad a grandes capas de la población que, por motivos económicos, no tienen acceso a un vehículo eléctrico".

En un contexto como el actual, en el que el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de prohibir la venta de vehículos de combustión (también híbridos) en 2035, advirtió de que, para garantizar la consecución de objetivos, es necesaria “una transición progresiva y sin prohibiciones que disipe la incertidumbre tecnológica que hoy impide la renovación del parque”, así como el acceso de todas las rentas a soluciones de movilidad eficientes, “a través de planes de incentivo que, en lugar de diseñarse para las minorías, eliminen la barrera del precio de adquisición apoyando el usado de hasta cinco años”.

Modelo acorde a la normativa de competencia

En este contexto de transformación de modelo de negocio, Ganvam también mostró su preocupación por la ausencia de un marco específico español que garantice el equilibrio en las relaciones del fabricante con sus redes y pidió en Bruselas que se garantice la aplicación de la normativa de competencia para proteger al distribuidor.

“En un momento marcado por cancelaciones masivas de contratos de venta y posventa, la propia Comisión Europea ha reconocido los riesgos que podría conllevar el modelo de agencia que algunas marcas están proponiendo a su red de concesionarios, alertando de que, al convertirse en agente, si el distribuidor sigue asumiendo inversiones en estándares y soportando riesgos financieros, pero sin margen para establecer su precio de reventa, podría considerarse una práctica anticompetitiva”, afirman desde Ganvam, que defendió en Bruselas que si Europa aboga por un modelo de distribución que garantice la viabilidad económica de las empresas del sector, España debe seguir las mismas reglas.

Soberanía digital del ciudadano

Durante su encuentro en el Parlamento Europeo, Ganvam llamó la atención sobre la importancia del acceso abierto y seguro a los datos que genera el vehículo para garantizar la libre competencia. Para la patronal española de la distribución, todos los operadores del sector -y no solo los fabricantes- deben tener la oportunidad de desarrollar propuestas de valor basadas en ventas y reparaciones predictivas, diagnósticos en remoto o servicios por suscripción, garantizando precios más competitivos y favoreciendo al consumidor.

En este sentido, y dado que la soberanía digital pasa por el control de los datos por parte de los ciudadanos y no de las marcas, Ganvam pidió la puesta en marcha de una normativa especifica en la automoción que garantice a los usuarios de los vehículos ejercer sus derechos en este sentido.

El desequilibrio que existe en las relaciones de los talleres con las aseguradoras también tuvo su hueco en la agenda de la reunión, máxime tras la denuncia que Ganvam, junto al resto de asociaciones sectoriales del sector posventa (Cetraa, Conepa y Fagenauto), interpuso recientemente al Gobierno español por incumplimiento de la normativa comunitaria, origen de las prácticas de las compañías de seguros que lastran la actividad económica de los talleres de reparación de vehículos.

En palabras del presidente de Ganvam, Raúl Palacios, “hemos elevado a Europa la necesidad de que el Gobierno de España reenfoque sus políticas para evitar la destrucción de 20.000 pymes y 70.000 empleos. En este sentido, hago un llamamiento a la unidad de las asociaciones del sector: somos diferentes asociaciones, pero nuestros asociados son los mismos. Estamos hablando de sector, no de negocios en particular y hay que garantizar una estrategia integral transformadora donde los fondos de recuperación se repartan de manera justa y eficaz”.