Desde que Europa puso fecha para el fin de los vehículos de gasolina y diésel, prevista para 2035, cada vez son más los vehículos eléctricos que circulan por nuestras carreteras. En 2022 se matricularon en España 72.242 vehículos eléctricos, un 87,5% más que en 2021. Sin embargo, si bien es cierto que los coches cero emisiones, han irrumpido en el mercado con fuerza, la demanda de infraestructura de recarga para estos automóviles supone un reto para España. Ante este contexto, Powen Charge, la solución de Powen para la movilidad sostenible con la que ofrece soluciones basadas en la carga de coches eléctricos y almacenamiento de energía, ha analizado en qué punto está la electrificación en nuestro país y si estamos preparados para abrazar la era de las electrolineras.

Una evolución silenciosa

Los vehículos eléctricos han recorrido un largo camino desde sus inicios. El alcance de la primera generación de vehículos rondaba los 175-200 kilómetros, mientras que el de los modelos de hoy supera los 300, 400 ó 500 kilómetros. Incluso, hay algunas marcas que ya apuntan a los 700 kilómetros. Además, la creciente conciencia ambiental y las políticas gubernamentales de estímulo a la movilidad sostenible han acelerado su adopción.

Escasa red de infraestructura de recarga

Para que los vehículos eléctricos se conviertan en una verdadera alternativa, es necesario contar con una extensa red de electrolineras. En España, la situación actual de esta red es todavía insuficiente. Según el mapa de infraestructuras de recarga de acceso público en España, elaborado por Anfac y Faconauto, a finales de 2022 había 20.243 puntos de recarga de acceso público, lo que supone una media de un punto de recarga cada 100 kilómetros. De este total, el 24% (6.475 puntos de recarga de acceso público en España) está fuera de servicio. Para 2035 se necesitarán entre 220.000 y 250.000 puntos de carga y, para poder lograrlo, habría que multiplicar por diez el ritmo actual de creación de estos puntos.

Desigualdad para la España Vaciada

Como en muchos otros ámbitos, también existen enormes diferencias entre las grandes ciudades y la España Vaciada con respecto al número de puntos de carga instalados. Zonas urbanas como Madrid, que aglutina el 10% de los conectores, cuenta con una notable infraestructura de electrolineras de acceso público. Por el contrario, las zonas rurales sufren una menor implantación, siendo Soria (67 puntos de carga), Guadalajara (82), Segovia (84), Cuenca (102) y Ourense (105), las provincias con menos puntos de suministro para vehículos eléctricos.

Colaboración público-privada

Tanto el sector público como las empresas privadas están apostando e invirtiendo en la creación de redes de recarga en todo el país. Según su ubicación y la entidad gestora, se debe diferenciar entre: puntos en vía pública en espacios privados de acceso público (estaciones de servicio, aparcamientos, etc.) operados a través de convenios de colaboración público-privados; puntos de recarga rápida operados por empresas municipales; y puntos de recarga rápida privadas en espacios de acceso público. El funcionamiento y mantenimiento de estas instalaciones al ser privadas, están fuera del ámbito de gestión municipal.

Potencia variable

La capacidad de las electrolineras no es siempre la misma. Atendiendo al número de kW que suministran, se puede hablar de puntos de recarga lenta, por debajo de 10 kW (mayoritariamente en centros comerciales u hoteles); semirrápida o acelerada, de 10 kW a 22 kW; rápida, de 22 kW a 50 kW; y recarga ultrarrápida, de hasta 60 kW. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de los puntos de carga instalados hasta ahora, sólo el 21% tiene una potencia superior a 22 kW.

Incentivos públicos a las electrolineras

Para garantizar una transición hacia la movilidad eléctrica, el Gobierno, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ha puesto en marcha un plan de ayudas para el despliegue de 238.000 vehículos eléctricos y electrolineras hasta finales de 2025. En ese sentido, se habilita a los ayuntamientos para adoptar beneficios fiscales, así como bonificaciones de hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); de hasta el 50% en la Cuota Municipal en locales de actividad económica; y de hasta el 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).