Fue a comienzos de 2022 cuando Cetraa, Conepa, Fagenauto y Ganvam denunciaron en Europa al Estado español por el incumplimiento de cuatro Directivas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE, permitiendo las malas prácticas de las aseguradoras en su relación con los talleres de reparación. Ahora, las cuatro entidades han intervenido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para dar visibilidad a este problema.

Luis Ursúa, vicepresidente segundo de Cetraa, ha sido el portavoz de la alianza española de talleres en esta comparecencia, celebrada el 19 de marzo en Bruselas, en la que también estuvieron presentes Rocío Martín, directora del Departamento Jurídico de Conepa; César Sanz, secretario ejecutivo de Fagenauto; y Jaime Barea, director corporativo y jurídico de Ganvam.

El texto íntegro de la comunicación presentada al Parlamento Europeo es el siguiente:

En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder intervenir en nombre de las cuatro organizaciones que en su día realizamos la Petición n.º 0275/2022 (Cetraa, Conepa, Fagenauto y Ganvam) ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo, y que entre todas ellas representamos a la totalidad de los talleres de reparación de vehículos automóviles y, en concreto, a los reparadores especializados en chapa y pintura de España.

Pedimos esta intervención como consecuencia de que la situación que expusimos en nuestra petición de queja, lejos de solucionarse, va empeorando día a día poniendo en riesgo la viabilidad del sector reparador al que representamos, sin que las autoridades u organismos españoles atiendan nuestras demandas.

Las actuaciones que ahora vamos a explicar de manera somera, y que afectan especialmente a las normas de la libre competencia y a los derechos de los consumidores, no sólo se dan en España, sino también en otros países de la Unión Europea como pueden ser Italia, Irlanda, Portugal, Francia, Finlandia,... En este sentido, estamos trabajando conjuntamente con otras organizaciones europeas tanto del sector (CECRA y AIRC) como de los consumidores (FIA).

Centrándonos en lo que ocurre en España, hay que señalar que en torno al 90% de los trabajos de chapa y pintura de los talleres de reparación están cubiertos por una póliza de seguros, y que no es posible en la práctica poder trabajar con una compañía aseguradora que respete tanto las normas de la libre competencia como los derechos de los consumidores. Todas ellas realizan prácticas abusivas similares, por lo que hay clara situación de colusión tácita y abuso de posición dominante. Se puede decir que actúan como si fueran un oligopsonio (grupo de compradores que controlan a sus vendedores de servicios, en nuestro caso aseguradoras y talleres respectivamente).

Las compañías de seguros han abandonado el carácter indemnizatorio que la legislación les atribuye para con sus asegurados en virtud de la póliza de seguros suscrita, para pasar a ser un prestador de servicios de reparación para estos mismos, con independencia de quién sea el causante de los daños que ha sufrido su vehículo (en el supuesto de un tercero perjudicado es la compañía del vehículo causante del accidente quien debe hacerse cargo de los mismos).

Este cambio de rol, sin amparo legal alguno, salvo supuesto de existir contrato entre compañía de seguros y empresario de taller, conlleva que las aseguradoras en todo momento quieran imponer sus criterios de costes en función de sus intereses económicos y con independencia del coste real de la reparación en un taller.

De continuar esta situación, se pone en riesgo la supervivencia de todo un sector reparador de chapa y pintura, que agrupa a unas 12.000 empresas que dan empleo de forma directa a más de 50.000 personas y tiene una facturación de más de 4.500 millones de euros

Durante los últimos años, las primas de los seguros en España no se han actualizado conforme al incremento de los costes de la vida, sino que por el contrario se han reducido. De este modo, actualmente muchas de las aseguradoras tienen, en importe global, una cobertura de siniestros por encima de lo que recaudan por la suscripción de las pólizas.

Para reducir este desfase, intervienen imponiendo, sin negociación entre las partes, como ya hemos dicho, sus criterios económicos de reparabilidad sin amparo alguno en el coste real de lo que cuesta una reparación y vulnerando los derechos de los consumidores. Para imponer sus criterios económicos, las compañías aseguradoras actúan del siguiente modo:

- Determinan (sin negociación alguna) el precio hora en concepto de mano de obra para el que debe trabajar el taller sin respetar el que este haya podido determinar en función de sus costes de producción, expuesto por otro lado a los consumidores en el cartel de precios. Por tanto, una reparación en función de quién la pague (si es una aseguradora o no) podrá tener un precio hora diferente.

- Establecen unilateralmente el tipo de recambio que debe ser utilizado en la reparación sin dar opción al reparador ni al consumidor de intervenir en su elección. En muchos casos, determinan a quién hay que comprar estas piezas de recambio o el material de pintura a emplear sin que el taller pueda elegir aquel que le dé más garantías en cuanto a calidad o mejores condiciones económicas. En caso de que al taller se le permita elegir su proveedor de recambios, se le exige, en ocasiones, un porcentaje de su margen comercial.

- Exigen en numerosas ocasiones la reparabilidad de piezas de recambio que, según las indicaciones de los fabricantes de automóviles, deberían ser sustituidas para poder garantizar las óptimas condiciones técnicas de funcionamiento del vehículo.

- Fijan mecanismos que les ayudan a tener el control del coste de la reparación:

• Encargan las valoraciones de los trabajos a realizar a peritos o gabinetes periciales que son dependientes económicamente de las aseguradoras o están participados por las mismas y que, en función de sus ratios, trabajarán más o menos volumen para ellas.
• Crean sistemas de valoración -los denominados “baremos”, sin intervención alguna de ningún otro colectivo que no sea el asegurador. Se da la paradoja de que varios de estos baremos vinculados a las compañías de seguros arrojan resultados diferentes para una misma reparación, por lo que se puede poner en duda los criterios técnicos objetivos en los que se han basado.
• Asumen, en un primer momento, el coste de reparación de todos los siniestros de sus asegurados, con independencia de quién tenga la culpa del accidente de tráfico. Posteriormente, las compañías aseguradoras se compensan entre ellas los siniestros que han asumido (los llamados “módulos de compensación”) y que no les correspondían. Esta compensación la realizan estableciendo un precio fijo por siniestro con independencia del coste real de la reparación. Esto provoca que las aseguradoras busquen, en todo momento, que el importe que abonan al taller sea inferior al que han fijado como compensación, obteniendo una ganancia con este modo abusivo de operar, a costa del detrimento económico injustificado de los talleres quienes, además, son los únicos garantes de las reparaciones que efectúan. Las aseguradoras han acabado cambiando el fin para el que se crearon estos módulos: evitar perjuicios para el perjudicado.

Las aseguradoras, además de no permitir a los consumidores elegir, como ya se ha dicho, el recambio de su reparación (al igual que ocurre con los talleres), limitan su derecho a elegir libremente su taller de confianza, en especial cuando es un tercero perjudicado. Esto les obliga a llevar su vehículo al establecimiento que le determina su compañía bajo falsos e interesados pretextos (mala calidad que supuestamente ofrece del taller elegido, retraso en la peritación y en la reparación, pérdida de servicios adicionales como vehículo de sustitución, obligación de pagar la factura de reparación para después serle reintegrada,...). Les obligan a tomar, en la práctica, una decisión que de otra forma no habrían tomado. Con esas impropias afirmaciones que utilizan, modifican y alteran el comportamiento de los usuarios y, por tanto, afectan a la libre competencia en el mercado.

En el caso de pólizas a todo riesgo, en ocasiones los consumidores firman la obligación de llevar su vehículo accidentado a un determinado taller seleccionado por la compañía de seguros, no siendo previamente informados con claridad y transparencia de las cláusulas y el condicionado particular que contiene la póliza. Como cláusula limitativa, debe ser, conforme a la Ley, resaltada en la póliza y firmada de forma separada, circunstancia que habitualmente no se realiza.

Por todo ello, pedimos el amparo de las instituciones europeas para que garanticen el derecho a la libre competencia en el mercado asegurador, velando por la sana concurrencia en las relaciones aseguradoras-talleres, lo que derivará a su vez en una defensa y protección de los consumidores. Hasta el momento, el Estado español está permitiendo que el sector asegurador lleve a cabo estas prácticas abusivas, vulnerando la normativa que detallamos en nuestro escrito de peticiones. De continuar esta situación, se pone en riesgo la supervivencia de todo un sector reparador de chapa y pintura, que agrupa a unas 12.000 empresas (en España hay unos 40.000 talleres) que dan empleo de forma directa a más de 50.000 personas y tiene una facturación de más de 4.500 millones de euros. Como ejemplo podemos señalar que una de las compañías de seguros más importantes subió en 2022 el precio de la mano de obra de los talleres un 2,5% frente a un IPC del año anterior del 6,5% y en 2023 un 4% frente a un IPC del 5,7%; es decir, en dos años los talleres han tenido una pérdida de poder adquisitivo de al menos un 5,7%. Las aseguradoras pagan de media 34,6 euros de media al taller multimarca de carrocería, cuando deberían facturar 46 euros para sobrevivir, por lo que pierden más de 546 millones de euros anualmente.