Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, fue la encargada de clausurar la segunda edición del Foro Anfac de Vehículo Industrial y Autobús “Transportemos el cambio”, celebrada el pasado 9 de abril en Madrid, poniendo el foco en la necesidad de seguir abordando la descarbonización en el transporte terrestre en España, sector clave para la economía, empleo y competitividad del país. “El vehículo eléctrico es uno de los grandes protagonistas de la inyección de los fondos Next Generation que pusimos en marcha a través de los PERTE. De esta inversión de cerca de 4.000 millones de euros, hemos adjudicado 12 millones exclusivamente al vehículo industrial”, descacó.

“Estamos trabajando en la modernización de la flota de vehículos de transporte profesional pero todavía no es suficiente. Y, por eso, estamos trabajando junto a los representantes de la industria en el Plan España Auto 2030, que va más allá de dar respuesta a la electrificación de los turismos”, afirmó la secretaria de Estado, quien también quiso recalcar el compromiso del Gobierno con la industria ante la reciente crisis arancelaria. “No vamos a estar impasibles, debemos anticiparnos a lo que pueda venir ya que los aranceles impuestos afectan a todos nuestros sectores. Por ello, el plan de respuesta anunciado por Pedro Sánchez tiene el objetivo de defender los intereses tanto de ciudadanos, trabajadores como empresas de nuestro país. Una ayuda de 14.000 millones de euros para mitigar los efectos que tendrán estas medidas en la industria española”. La secretaria de Estado de Industria resaltó que “la solución pasa por una estrecha colaboración público-privada, entre la administración y los sectores productivos”.

El rol de las administraciones en la descarbonización del transporte

La segunda mesa redonda del foro contó con la participación Elena Mª Atance, directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quien indicó que “pusimos en marcha un plan dotado de 400 millones, que fue posteriormente ampliado, para la transformación de las flotas de camiones y autobuses. Esto permitió dar un impulso al sector y que, por ejemplo, el 40% de los autobuses del mercado haya recibido ayudas del Ministerio. Sobre los puntos de recarga, vamos a impulsar la regulación de solicitudes para acortar los plazos de implantación, promover las medidas del Plan de Cambio Climático para incrementar los puntos en las estaciones de servicio con más actividad, trabajamos para una guía para los municipios, y, para el sector de los pesados, vamos a definir un mapa de potencia de manera que los operadores puedan diseñar los proyectos con más información”.

Por su parte, Arancha García, directora del Área de Industria y Medio Ambiente de Anfac, afirmó que “la transición del transporte por carretera en España hacia la descarbonización ha de ser una cuestión que se eleve en el debate público pues es igual o más ambiciosa y compleja de la de los vehículos ligeros. Hablamos de un sector de una gran relevancia para nuestro país que necesita, de inmediato, actuar en medidas de impulso del mercado y de desarrollo de una infraestructura de recarga y suministro con unas características técnicas de potencia, tensión y protocolos de comunicación, así como arquitectónicas, específicas para este tipo de vehículos. Para alcanzar los objetivos, debemos aprender del camino recorrido para ser eficientes y tener claro que el compromiso ha de ser compartido y firme”.

Para Nicolás González Casares, europarlamentario del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, “los desafíos para la industria del transporte europea y española pasan por implementar la regulación aprobada y continuar la transición ecológica, midiendo muy bien las dependencias de los materiales y promoviendo capacidades de fabricación para las tecnologías limpias de futuro, fomentando la autonomía estratégica”.

Susana Solís, europarlamentaria del Partido Popular Europeo, quiso añadir que "la nueva legislatura europea debe marcar un cambio de rumbo: menos imposiciones, más incentivos. Debemos conseguir una transición energética realista, con reglas claras, neutralidad tecnológica y una regulación más simple que impulse, no frene, la competitividad del transporte".

Para finalizar, Luis Miguel Torres, director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, destacó el papel de la administración regional. "La movilidad en la Comunidad de Madrid debe abordarse desde una perspectiva económica, medioambiental y social. Con la futura Ley de Movilidad, buscamos armonizar la normativa, impulsar la competitividad de la región y modernizar la flota, apostando por la descarbonización del transporte y la neutralidad tecnológica. Además, avanzamos hacia un modelo de 'smart mobility' que optimice la eficiencia y la innovación en el sector del transporte y la logística".